Coronavirus: pago alimentos, visitas, guarda y custodia compartida

Francisca Castro Bahamonde Abogada > Blog > Uncategorized > Coronavirus: pago alimentos, visitas, guarda y custodia compartida
Abogado en Cerdanyola del Vallés

 

 

El pago de los alimentos, adaptación de la pensión alimenticia al momento actual, cumplimiento del régimen de visitas y de la guarda custodia compartida.

¿En estos momentos no puede afrontar el pago de los alimentos de sus hijos o no se están cumpliendo las visitas o la custodia compartida?

 

El Gobierno aprueba un procedimiento especial de Pago alimentos, visitas, guarda y custodia compartida: NUEVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE ALARMA

 

 

Si debido a la Covid-19 no puede realizar el pago de los alimentos, no se cumplen las visitas de sus hijos: puede acogerse al nuevo procedimiento, por tanto:

a) Si no puede afrontar el pago de los alimentos o de la pensión fijada en sentencia y la quiere rebajar o modificar o incluso que se extinga,

b) Si se está viendo imposibilitado en su régimen de visitas o en el cumplimiento de la guarda custodia compartida.

 

NUEVAS MEDIDAS en el pago de los alimentos y visitas cumplimiento guarda custodia

El objetivo de este nuevo procedimiento judicial especial es atender los conflictos familiares generados durante el confinamiento y el estado de alarma por Covid-19, debido al pago de alimentos, visitas, régimenes de guarda custodia compartida

 

Regulación

El nuevo procedimiento para casos de Derecho de Familia durante el estado de alarma por coronavirus se regula en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril , artículos 3 a 5 del Real Decreto-ley

 

Ámbito de aplicación

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización

Se decidirán a través de este procedimiento especial las siguientes demandas:

a) Las relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente

Atendiendo a la variación de las circunstancias económicas del obligado al pago como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID-19:

b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos,

c) Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos,

 

 

Competencia.

Será competente para resolver «el juzgado que hubiera resuelto sobre el régimen de visitas o custodia compartida cuyo reequilibrio se inste o que hubiera acordado las medidas definitivas cuya revisión se pretenda”.

Para el caso de las medidas relativas a la pensión de alimentos:

Cuando se trate del establecimiento de la prestación de alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores.

En el caso de que los progenitores residan en distintos partidos judiciales:

será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor.

Por el contrario, cuando la demanda trate sobre la revisión de la prestación de alimentos, será competente el juzgado que hubiera resuelto en su día sobre ella.

Para el caso de la prestación de alimentos en favor de cualquier otro alimentista, habrá que acudir a las reglas generales del artículo 50 de la Ley  de Enjuiciamiento Civil: salvo que la Ley disponga otra cosa.

La competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviera en el territorio nacional, será juez competente el de su residencia en dicho territorio.

 

Tramitación

1. El procedimiento se inica con la demanda.

La demanda a que se refieren los párrafos b) y c) del artículo 3 deberá ir acompañada de un principio de prueba documental:

 

  • Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo, en caso de situación legal de desempleo, o bien
  • Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por las administraciones tributarias competentes de la Comunidad sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia.
  • Además de los documentos habituales en este tipo de procedimientos

por tanto:

 

  • El certificado en el que figure la cuantía mensual percibida de desempleo O
  • El certificado expedido por la AEAT que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores autónomos.

2. El Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, la admitirá por decreto o, cuando estime que puede haber falta de jurisdicción o competencia, dará cuenta al juez para que resuelva en este caso sobre su admisión.

 

Admitida a trámite la demanda,

Se citará a las partes y al Ministerio Fiscal cuando proceda, para el juicio.

El JUICIO o vista, deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes.

Con carácter previo a la celebración de la vista se podrá intentar que las partes lleguen a un acuerdo,

Asimismo, previamente a la celebración de la vista, en los procedimientos iniciados mediante la demanda a que se refiere el párrafo a) del artículo 3, se dará audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los mayores de doce años.

 

VISTA

La vista comenzará dándose la palabra a la parte demandante, para que ratifique la demanda o la amplíe sin realizar variaciones sustanciales.

La parte demandada contestará a la demanda, pudiéndose solicitar el recibimiento del pleito a prueba. Igualmente podrá formularse reconvención.

Las partes podrán solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la vista, aquellas pruebas que, requieran de citación o requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos, que posean instituciones públicas o privadas, y que no estén a su disposición.

Las partes tendrán que asistir al acto con las pruebas de que intenten valerse, debiendo practicarse dichas pruebas, así como las que pueda acordar de oficio el juez, en el mismo acto de la vista.

Si ello fuera imposible en relación con alguna de las pruebas, estas deberán practicarse en el plazo que señale el juez, que no podrá exceder de quince días.

Practicadas las pruebas, se podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones.

 

FINALIZADA LA VISTA

El órgano judicial podrá dictar resolución, en forma de sentencia o auto según corresponda, oralmente o bien por escrito en el plazo de tres días hábiles.

En caso de que se dicte resolución oralmente, esta se documentará con expresión del fallo y de una sucinta motivación.

Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueran parte en el proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas y expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución.

 

Recurso

Fuera del caso anterior, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada.

Contra la resolución que ponga fin al procedimiento podrá interponerse recurso de apelación.

En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tramitación del juicio verbal.

 

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